El 'caso Nóos' salta como una pieza separada dentro de la investigación abierta por el juez de Palma José Castro y el fiscal Pedro Horrach por el Palma Arena. Mientras investigaban contratos amañados en el velódromo del Palma Arena salió el nombre del Instituto Nóos. Empezaron a tirar del hilo hasta que dieron con indicios de que esta fundación, aparentemente sin ánimo de lucro, podría haber recibido contratos públicos amañados. Primero se descubrieron con la Administración de Baleares y después con la de Valencia y Madrid.

El Instituto Nóos es el epicentro de la trama. En 2003, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta, asume la presidencia, con su socio Diego Torres como vicepresidente. Supuestamente se trataba de una especie de ONG dedicada a fines sociales altruistas. La realidad era bien distinta. Los dos socios vendían “humo” para obtener recursos económicos procedentes de organismos públicos y compañías privadas, que luego fueron destinados a nutrir entidades mercantiles propiedad de Urdangarin y Torres. Para dotar de mayor credibilidad y solvencia, colocaron a Cristina de Borbón de vocal del instituto, y a su secretario, Carlos García Revenga, de tesorero.

Diego Torres y su mujer / JAIME REINA/Getty Images

Su forma de actuar era sencilla. Gracias a la vinculación de Urdangarin con la Casa Real, las puertas de los máximos dirigentes autonómicos se abrían prácticamente de manera automática. Tras reunirse con ellos, sólo había que buscar la fórmula para conseguir llegar dinero público a Nóos evitando los trámites legales. Una vez conseguido el dinero, en total hasta seis millones de euros, se iba desviando a sociedades previamente creadas con la única finalidad de sacar el dinero público. Desde éstas, ciertas cantidades saltaban a cuentas en paraísos fiscales.

El Juicio

El juicio por el 'caso Nóos' comienza el 9 de febrero con la declaración de los acusados y finalizará a mediados de junio. Todas las miradas están puestas en la infanta Cristina de Borbón. Se enfrenta a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Sin embargo, en el banquillo va a haber otros 16 acusados por un asunto con muchos más tentáculos que el de la implicación de la hermana del Rey Felipe VI. Corrupción en el seno del Gobierno balear y valenciano para favorecer a la fundación de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.